martes, 6 de marzo de 2012

El rol de la subsidiariedad en la función pública del Estado


El año pasado las movilizaciones estudiantiles lograron un innegable posicionamiento mediático. Del variopinto escenario de demandas y reivindicaciones sociales ha destacado el slogan del “no al lucro”. Se ha caricaturado la libre iniciativa privada en educación a través de fórmulas semánticas que indican que esta siempre termina con prácticas usureras y abusivas. Y estas consignas se pueden aún extender a temáticas tales como salud, vivienda, transporte, etc. Pero lo cierto es que afirmaciones de tal envergadura no pueden encontrar asidero real en la práctica.

La RAE define al lucro de la siguiente manera: “Ganancia o provecho que se saca de algo”. Bajo esta perspectiva, las personas no sólo tienen la posibilidad de innovar y de ejercer libremente su creatividad en el ámbito de su autonomía, sino que además pueden obtener legítimamente un beneficio o ganancia por ello en la medida que no se transgredan normas jurídicas y derechos de terceros. Más aún, el Estado debe promover la participación y la cooperación de los privados en el cumplimiento de funciones públicas de diversa índole con el objeto de perseguir el bien común de sus miembros.

La Constitución Política de la República consagra en su artículo 19 nº21 “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.

Por lo demás, no se puede desconocer que son numerosas las políticas públicas, las prestaciones sociales, las asignaciones de recursos y las funciones de la Administración del Estado, que por su especial naturaleza, pueden ser llevadas a cabo de manera más eficiente por el sector privado que por el aparataje público.

Hay varias consecuencias positivas que tienen como antecedente la actividad del Estado en orden a otorgar subsidios para que a través de la actuación privada se puedan desarrollar funciones de carácter público: eficiencia en el uso de los recursos; mayor cobertura y coordinación; se amplían las alternativas de elección; surge la competencia; aumenta la inversión y los nuevos negocios; mejora la infraestructura y las condiciones de trabajo; y se fomenta la integración de la comunidad en la toma de decisiones políticas.

Por el contrario, un Estado asistencialista esteriliza la creatividad de las personas dentro del entramado social, las subordina a la entidad central y las priva de toda capacidad de iniciativa y de autodeterminación. Finalmente, un Estado paternalista inhibe los emprendimientos lucrativos y desacredita a quienes buscan una legítima ganancia por el esfuerzo y el sacrificio efectuado.

Por último, cabe recalcar que es el Estado el que está al servicio de la persona humana y no al revés. Nuestro ordenamiento jurídico así lo ha reconocido en la Carta Fundamental y en diversas disposiciones legales.



No response to “El rol de la subsidiariedad en la función pública del Estado”

Leave a Reply